Indiscutiblemente la vivienda es una necesidad básica del hombre, el lugar de protección e individualidad personal y de su familia, como ya fue señalado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU-CDH, 1948). Es decir, una vivienda digna y adecuada, la continuidad y extensión de la ciudad, el derecho de la ciudad a establecer garantías mínimas de alimentación, infraestructura básica (agua, alcantarillado y energía), pero también el derecho a la movilidad, la seguridad, la educación y la salud.
Derecho a la ciudad y vivienda se organiza a partir de una mirada específica sobre la sociedad mexicana, una perspectiva renovada acerca de las condiciones de habitar, formas de adquisición, políticas y derechos a la vivienda digna. Documentos como Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (2005), Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), La Nueva Agenda Urbana (2016) entre otros, son importantes fundamentes de reflexiones sobre las metas a ser alcanzadas y las estrategias tomadas como forma de cumplirlas, pero sobre todo, de garantizar una ciudad que realmente atienda la demanda y déficit habitacional existente.
Necesitamos una mirada más autocrítica y fidedigna para orientar la ejecución de políticas públicas de vivienda social que llegue a los mexicanos que se hallan en condiciones de pobreza, pero que inaugure un nuevo dialogo entre los gobiernos, la iniciativa privada y la academia en una "triada" capaz de construir un nuevo compromiso de producción de políticas públicas concretas en busca del Derecho a la ciudad y vivienda.
